El Golpe de Estado del 11 de abril de 2002 fue un intento de derrocamiento contra el presidente constitucional de Venezuela, Hugo Chávez.
Enmarcado en fuertes protestas y una huelga general convocada por Fedecámaras, que duró más de tres días, el 11 de abril del 2002, el mando de la oposición convocó a una marcha que luego fue desviada hacia al Palacio de Gobierno ubicado en Miraflores, Caracas. Alrededor del mismo se habían congregado simpatizantes de Hugo Chávez, y cuando ambos bandos se encontraron se produjeron enfrentamientos que causaron varios muertos en ambos bandos. Si bien todavía se discute quién inició y quién continuó el tiroteo esa tarde, en la madrugada del día siguiente el Alto Mando Militar venezolano anunció que Chávez había renunciado luego de haberselo solicitado. Inmediatamente, militares adversos a Hugo Chávez ejecutaron un Golpe de Estado que colocó en la Presidencia al presidente de Fedecámaras Pedro Carmona Estanga. Luego de fuertes protestas de los simpatizantes de Chávez y algunas presiones internacionales, ya que muchos países no reconocieron a Carmona, los militares leales al Gobierno retomaron el poder y Chávez reasumió la Presidencia en la madrugada del 14 de abril de 2002.
La oposición argumentó fervientemente que lo ocurrido no fue un golpe de Estado, sino un vacío de poder, originado por la declaración del Alto Mando Militar, la supuesta renuncia de Chávez, de su vicepresidente Diosdado Cabello y por el desconocimiento público de algunos oficiales a la autoridad de Chávez. Inicialmente el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela emitió un veredicto dictando que lo sucedido el 11 de abril fue un vacío de poder, pero luego la sentencia fue anulada.
Según la opinión internacional, este hecho es considerado como un golpe de Estado, dándole la razón a Chávez.
Chávez y sus seguidores lo llaman un «golpe mediático», argumentando que los medios privados de comunicación venezolanos, tuvieron una gran cuota de responsabilidad en el golpe de Estado, autocensurando información comprometida con los golpistas e incluso de ser ellos los principales promotores. Los chavistas también mencionan que fue un golpe empresarial, pues el efímero presidente Carmona no sólo era empresario, sino que era el presidente de la principal organización patronal, llamada Fedecámaras; igualmente, el golpe fue apoyado por la iglesia católica.
Enmarcado en fuertes protestas y una huelga general convocada por Fedecámaras, que duró más de tres días, el 11 de abril del 2002, el mando de la oposición convocó a una marcha que luego fue desviada hacia al Palacio de Gobierno ubicado en Miraflores, Caracas. Alrededor del mismo se habían congregado simpatizantes de Hugo Chávez, y cuando ambos bandos se encontraron se produjeron enfrentamientos que causaron varios muertos en ambos bandos. Si bien todavía se discute quién inició y quién continuó el tiroteo esa tarde, en la madrugada del día siguiente el Alto Mando Militar venezolano anunció que Chávez había renunciado luego de haberselo solicitado. Inmediatamente, militares adversos a Hugo Chávez ejecutaron un Golpe de Estado que colocó en la Presidencia al presidente de Fedecámaras Pedro Carmona Estanga. Luego de fuertes protestas de los simpatizantes de Chávez y algunas presiones internacionales, ya que muchos países no reconocieron a Carmona, los militares leales al Gobierno retomaron el poder y Chávez reasumió la Presidencia en la madrugada del 14 de abril de 2002.
La oposición argumentó fervientemente que lo ocurrido no fue un golpe de Estado, sino un vacío de poder, originado por la declaración del Alto Mando Militar, la supuesta renuncia de Chávez, de su vicepresidente Diosdado Cabello y por el desconocimiento público de algunos oficiales a la autoridad de Chávez. Inicialmente el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela emitió un veredicto dictando que lo sucedido el 11 de abril fue un vacío de poder, pero luego la sentencia fue anulada.
Según la opinión internacional, este hecho es considerado como un golpe de Estado, dándole la razón a Chávez.
Chávez y sus seguidores lo llaman un «golpe mediático», argumentando que los medios privados de comunicación venezolanos, tuvieron una gran cuota de responsabilidad en el golpe de Estado, autocensurando información comprometida con los golpistas e incluso de ser ellos los principales promotores. Los chavistas también mencionan que fue un golpe empresarial, pues el efímero presidente Carmona no sólo era empresario, sino que era el presidente de la principal organización patronal, llamada Fedecámaras; igualmente, el golpe fue apoyado por la iglesia católica.
El motivo principal de la crisis del Gobierno con la oposición venezolana, en especial con el empresariado, fue un paquete de 49 decretos de Leyes Habilitantes[cita requerida]. Chávez utilizando su mayoría de más de dos tercios del legislativo, que le dio la facultad de legislar y gobernar por decreto durante un año. A finales de 2001, debido al vencimiento de dicha facultad, Chávez decretó todas las leyes, lo cual enfureció a la oposición. La más criticada fue la ley de tierras y la ley de hidrocarburos. Inmediatamente tras esto, los empresarios agrupados en la patronal Fedecámaras, apoyándose de su enorme poder en el país, realizaron una huelga general el 8 de diciembre de 2001, que no logró doblegar a Chávez. A esta huelga se sumaron los ejecutivos de la emprese estatal petrolera PDVSA deteniendo la produccion nacional de crudo.
En febrero de 2002 Chávez cambió la plana mayor de Petróleos de Venezuela (PDVSA), la empresa petrolera del Estado, por gerentes apuntados por gobierno. En la opinión de la oposición, de los empresarios y de parte de los empleados de la petrolera, Chávez violentó con estos cambios una larga tradición meritocrática; en opinion del gobierno, se reactivo el motor y la columna de la economia venezolanas. Durante mas de tres meses las exportaciones se vieron mermadas creando un enorme deficit e inflacion en el pais. El gobierno tuvo que comezar a importar gasolina para cubrir la cota nacional y miles de venezolanos se vieron en largas filas de dias para poder llenar el tanque de sus vehiculos.
Este acto, percibido por los cuadros gerenciales de PDVSA y los sindicatos opositores como una agresión contra el sistema meritocrático en la empresa más importante del país y los paquetes legislativos decretados por Chávez, junto a la persistencia de la crisis económica y social, indujo a un grupo de organizaciones sindicales como la Confederación de trabajadores de Venezuela (CTV), empresarios, la jerarquía de la iglesia católica, algunos partidos políticos y las televisoras privadas de Venezuela, a que el 9 de abril Fedecamaras convocara otra huelga general, esta vez de carácter indefinido, para forzar la renuncia de Chávez. Al tercer día de la huelga, las protestas se convirtieron en disturbios, una marcha contra el Gobierno fue desviada de su recorrido hacia el palacio presidencial de Miraflores, donde también había una concentración de apoyo al Gobierno. Ocurrieron enfrentamientos armados entre la Policía Metropolitana, el Ejército y grupos armados chavistas, que produjeron varios muertos y heridos. La presencia de francotiradores y la represión de la Policía Metropolitana dejó 19 muertos y cientos de heridos, tanto opositores como partidarios al Gobierno.
Entre otros hechos hubo una cadena nacional de radio y televisión, en la cual Presidente llamó a la calma, por su parte los medios de comunicación decidieron dividir ilegalmente la pantalla, considerada por ellos como un acto de respuesta periodística a los hechos, en la segunda pantalla mostraron simultáneamente los tiroteos que ocurrían en Caracas. De inmediato, líderes de la oposición, empresarios y sectores políticos y sociales acusaron al gobierno central de haber planificado las acciones violentas. Poco después, diversos altos mandos militares se pronunciaron públicamente, anunciando desconocer la autoridad de Chávez.
En febrero de 2002 Chávez cambió la plana mayor de Petróleos de Venezuela (PDVSA), la empresa petrolera del Estado, por gerentes apuntados por gobierno. En la opinión de la oposición, de los empresarios y de parte de los empleados de la petrolera, Chávez violentó con estos cambios una larga tradición meritocrática; en opinion del gobierno, se reactivo el motor y la columna de la economia venezolanas. Durante mas de tres meses las exportaciones se vieron mermadas creando un enorme deficit e inflacion en el pais. El gobierno tuvo que comezar a importar gasolina para cubrir la cota nacional y miles de venezolanos se vieron en largas filas de dias para poder llenar el tanque de sus vehiculos.
Este acto, percibido por los cuadros gerenciales de PDVSA y los sindicatos opositores como una agresión contra el sistema meritocrático en la empresa más importante del país y los paquetes legislativos decretados por Chávez, junto a la persistencia de la crisis económica y social, indujo a un grupo de organizaciones sindicales como la Confederación de trabajadores de Venezuela (CTV), empresarios, la jerarquía de la iglesia católica, algunos partidos políticos y las televisoras privadas de Venezuela, a que el 9 de abril Fedecamaras convocara otra huelga general, esta vez de carácter indefinido, para forzar la renuncia de Chávez. Al tercer día de la huelga, las protestas se convirtieron en disturbios, una marcha contra el Gobierno fue desviada de su recorrido hacia el palacio presidencial de Miraflores, donde también había una concentración de apoyo al Gobierno. Ocurrieron enfrentamientos armados entre la Policía Metropolitana, el Ejército y grupos armados chavistas, que produjeron varios muertos y heridos. La presencia de francotiradores y la represión de la Policía Metropolitana dejó 19 muertos y cientos de heridos, tanto opositores como partidarios al Gobierno.
Entre otros hechos hubo una cadena nacional de radio y televisión, en la cual Presidente llamó a la calma, por su parte los medios de comunicación decidieron dividir ilegalmente la pantalla, considerada por ellos como un acto de respuesta periodística a los hechos, en la segunda pantalla mostraron simultáneamente los tiroteos que ocurrían en Caracas. De inmediato, líderes de la oposición, empresarios y sectores políticos y sociales acusaron al gobierno central de haber planificado las acciones violentas. Poco después, diversos altos mandos militares se pronunciaron públicamente, anunciando desconocer la autoridad de Chávez.
No hay comentarios:
Publicar un comentario